Tarde fue la venta de acciones de LAN, la opinión no es solo mía: también de la UDI. Para colmo de males, la forma cómo se estaría ejecutando ha generado dudas.Las que con el senador Andrés Zaldívar hemos planteado públicamente. El propio senador Hernán Larraín ha pedido el pronunciamiento del SII, pero su Director Nacional es de confianza del Presidente, quien lo ha nombrado en el  cargo.

Una alta autoridad, usando un lenguaje impropio, nos ha acusado de ser majaderos y de no estar contribuyendo al éxito del Gobierno en su tarea de reconstrucción nacional.

Pero, ¡es todo lo contrario! Paradójicamente, es el propio Gobierno el que, al no levantar una muralla china entre negocios privados y servicio público, lo enturbia todo, y nos obliga a fiscalizarlo duramente, amenazando una tarea prioritaria y de todos.

Queremos evitar que la reconstrucción material del país abra la puerta a la destrucción de nuestras instituciones políticas y de los valores que deben regir nuestro accionar.

El Presidente y sus secretarios de Estado son los principales garantes ejecutivos del Bien común. Son ellos los que, con todo rigor, diligencia, cuidado e imparcialidad, deben guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Sus decisiones no pueden estar manchadas por falta de imparcialidad y de independencia de juicio, al servir intereses particulares perjudicando el interés general. No se trata de dudar de la honorabilidad de nuestras máximas autoridades. Por el contrario, lo que se hace es cautelar la probidad y transparencia de sus acciones en su propio interés y del país. Los patriotas de 1810 reclamaron contra el despotismo monárquico recordando el viejo adagio: “Si quieres ser rey, cumple con la ley. Si no la cumples, no lo serás”.

Un Gobierno acosado por los conflictos de interés es un Ejecutivo que pierde autoridad, confianza, legitimidad, apoyo y, a la larga, el poder. Fiscalizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes no es ser majaderos, es cumplir una tarea patriótica.

Si los conflictos de intereses perduran, ¿cómo este Gobierno podrá presentar una ley de televisión digital que aumentará significativamente el valor de Chilevisión, de propiedad del primer mandatario de la Nación? Si se siguen retrasando los arreglos del Nacional y aumentando los intereses de Colo Colo, dueño del Monumental, ¿cómo no dirigir las miradas hacia sus parciales dueños: el Presidente de Chile y su subsecretario de Deportes? Si eventuales conflictos de intereses con concesionarias y constructoras se presentan, ¿eso no lanzará un manto de duda sobre el plan de reconstrucción, que supone la ejecución acelerada de miles de millones de dólares?

Fiscalizamos por el bien de Chile y de la reconstrucción nacional. El oponerse ruidosamente a ello aumenta las dudas y desconfianzas.